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09/09/2010

El efecto jurídico de los informes de la OMC

Filed under: OMC, Uncategorized — Etiquetas: , — bradlycondon @ 15:27

El efecto jurídico de los informes de la OMC

Bradly J. Condon

Titular de la Cátedra OMC

Departamento de Derecho, ITAM

Introducción

Este artículo explora el efecto jurídico de los informes adoptados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el derecho de la OMC y en el derecho interno mexicano. La primera parte analiza los informes del Órgano de Apelación que han analizado la primera cuestión. Llega a la conclusión de que los informes adoptados son vinculantes de facto en el derecho de la OMC. La segunda parte analiza las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la decisión de un panel del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Concluye que, si se considere que los informes adoptados de la OMC sólo aclaran el sentido de los términos de los acuerdos abarcados de la OMC, los informes adoptados no son la fuente de la obligación sino el acuerdo relevante. En este caso, las aclaraciones que se encuentran en los informes adoptados tendrían el mismo efecto que el acuerdo abarcado. Entonces, el efecto jurídico de los informes adoptados en el derecho interno sería el mismo efecto que el efecto jurídico de los tratados internacionales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto definitivamente la cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales en derecho interno, ni la cuestión del efecto de las decisiones de los tribunales internacionales en el derecho interno.

El efecto jurídico de los informes adoptados en el derecho de la OMC

Los acuerdos abarcados son la fuente fundamental del derecho de la OMC en la solución de diferencias. Los informes adoptados de los grupos especiales y del Órgano de Apelación son jurídicamente vinculantes sólo para las partes en la diferencia. No obstante, los grupos especiales y el Órgano de Apelación suelen examinar los informes anteriores como si fuesen precedentes.[1] Cuando no se apelan las constataciones o las interpretaciones de lo grupos especiales, no tienen el mismo valor jurídico que las del Órgano de Apelación.[2]

En el asunto Japón – Bebidas alcohólicas II, el Órgano de Apelación consideró que la adopción de un informe de un grupo especial no demuestra la intención de los Miembros de la OMC de que su decisión constituyera una interpretación definitiva. El párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC dispone que: “La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.” Además, el párrafo 9 del artículo 3 del ESD dispone que, “Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicarán el derecho de los Miembros de recabar una interpretación autorizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC…”.[3] Entonces, las interpretaciones de las disposiciones de los acuerdos de la OMC que hacen los grupos especiales y el Órgano de Apelación no constituyen interpretaciones definitivas o autorizadas.

En el asunto Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 – Malasia), el Órgano de Apelación consideró que el grupo especial actuó correctamente al utilizar la orientación interpretativa que había proporcionado el Órgano de Apelación en su informe sobre Estados Unidos – Camarones, porque era directamente pertinente a las cuestiones que se le habían sometido. [4] En el asunto Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos (Argentina), el Órgano de Apelación dejó claro que los grupos especiales deben de seguir las conclusiones a que ha llegado el Órgano de Apelación en diferencias anteriores su jurisprudencia, sobre todo cuando las cuestiones son las mismas. Sin embargo, a pesar de esta orientación del Órgano de Apelación, en el asunto Estados Unidos – Acero inoxidable (México), el Grupo Especial rechazó abiertamente a las interpretaciones anteriores del Órgano de Apelación sobre la cuestión de la consistencia de la reducción a cero con el Acuerdo Antidumping.[5]

En apelación, México adujo que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al no seguir la jurisprudencia establecida del Órgano de Apelación, apoyando su alegación con los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del ESD. La respuesta del Órgano de Apelación—citando a sus informes en Japón – Bebidas alcohólicas II, Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 – Malasia) y Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos— fue lo siguiente:

Está firmemente establecido que los informes del Órgano de Apelación no son obligatorios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes. Sin embargo, esto no significa que los grupos especiales posteriores tengan libertad para hacer caso omiso de las interpretaciones jurídicas y la ratio decidendi de los informes anteriores del Órgano de Apelación adoptados por el OSD.

La práctica en materia de solución de diferencias demuestra que los Miembros de la OMC atribuyen importancia al razonamiento expuesto en informes anteriores de los grupos especiales y del Órgano de Apelación. Los informes adoptados de los grupos especiales y del Órgano de Apelación son citados con frecuencia en apoyo de sus argumentos jurídicos por las partes en los procedimientos de solución de diferencias, y los grupos especiales y el Órgano de Apelación se basan en ellos en diferencias posteriores. Además, al promulgar o modificar leyes y reglamentos nacionales relativos a cuestiones de comercio internacional, los Miembros de la OMC tienen en cuenta las interpretaciones jurídicas…en los informes adoptados…. En consecuencia, las interpretaciones jurídicas incorporadas en dichos informes se convierten en una parte esencial del acervo del sistema de solución de diferencias de la OMC. Garantizar la “seguridad y previsibilidad” en el sistema de solución de diferencias, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, significa que, a menos que existan razones imperativas, los órganos jurisdiccionales deben resolver la misma cuestión jurídica de la misma manera en los asuntos posteriores.

…La creación del Órgano de Apelación por los Miembros de la OMC para examinar las interpretaciones jurídicas formuladas por los grupos especiales demuestra que los Miembros reconocieron la importancia de que haya concordancia y estabilidad en la interpretación de los derechos y obligaciones que les corresponden en el marco de los acuerdos abarcados. Esto es fundamental para promover la “seguridad y previsibilidad” en el sistema de solución de diferencias y para asegurar la “pronta solución” de las diferencias. El hecho de que un grupo especial no siga los informes anteriormente adoptados del Órgano de Apelación en que se abordaron las mismas cuestiones menoscaba el desarrollo de una jurisprudencia coherente y previsible que aclare los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados de conformidad con lo previsto en el ESD. Mediante la labor de aclaración prevista en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se dilucidan el ámbito y el sentido de las disposiciones de los acuerdos abarcados de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Si bien la aplicación de una disposición puede considerarse circunscrita al contexto en que tiene lugar, la pertinencia de la aclaración que contienen los informes adoptados del Órgano de Apelación no se limita a la aplicación de una disposición en un asunto determinado.

Vemos con gran preocupación la decisión del Grupo Especial de apartarse de la jurisprudencia firmemente establecida del Órgano de Apelación que aclara la interpretación de las mismas cuestiones jurídicas. Como se ha explicado antes, el criterio del Grupo Especial tiene graves consecuencias para el debido funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la OMC.[6]

Con este informe, quedó bien claro que los informes de los grupos especiales, y en particular los informes del Órgano de Apelación, tienen un efecto parecido a los precedentes de los sistemas jurídicos “common law” y que se espera la adhesión a los informes anteriormente adoptados del Órgano de Apelación en que se abordaron las mismas cuestiones. Además, se estableció que el efecto jurídico de los informes adoptados surge de las disposiciones del ESD, interpretadas a la luz de la práctica de los Miembros de la OMC.

El efecto jurídico de los informes adoptados en el derecho mexicano

Han existido varias interpretaciones sobre la jerarquía de los tratados internacionales en el derecho mexicano. El artículo 133 de la Constitución establece la jerarquía de los tratados. En una tesis de 1992, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tratados internacionales y las leyes federales tenían la misma jerarquía normativa.[7] Sin embargo, en la siguiente tesis sobre este tema, la Corte estableció que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución.[8] Luego, en 2007, la Corte reafirmó su tesis anterior, aclarando que los tratados internacionales se ubican por encima de las leyes generales, federales y locales.[9] Sin embargo, los Ministros de la Corte siguen debatiendo la cuestión de la jerarquía de los tratados en el derecho mexicano.[10]

En el asunto sobre Madera Blanda de Canadá: Determinación Final Antidumping,[11] un panel binacional del capítulo 19 del TLCAN consideró el efecto de un informe del

Órgano de Apelación sobre el derecho nacional de los Estados Unidos. El Órgano de

Apelación había constatado que los procedimientos de los Estados Unidos de reducción a cero por modelos en las comparaciones P-P en el contexto de las investigaciones iniciales antidumping son, en sí mismos, incompatibles con el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.[12]

El panel aplicó la doctrina “Charming Betsy”—una regla common law para la interpretación de estatutos de los Estados Unidos—según la cual, cuando hay más de una interpretación permisible de una ley ambigua, hay que rechazar la interpretación que entre en conflicto con una obligación de los Estados Unidos bajo un tratado internacional. El panel también aplicó, junto con la doctrina “Charming Betsy”, la doctrina “Chevron”, la cual se aplica para determinar si la interpretación de una ley por una agencia que administra esa ley es sostenible.

Aplicando la doctrina “Chevron”, la Court of Appeals for the Federal Circuit de los Estados Unidos (CAFC) había determinado que la reducción a cero era una interpretación permisible del Department of Commerce y que las decisiones de la OMC no son vinculantes para los Estados Unidos y sus cortes. Sin embargo, el panel binacional determinó que el informe del Órgano de Apelación era indirectamente vinculante para el Department of Commerce, no por si mismo, sino porque había aclarado el significado del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. Entonces, la fuente de la obligación era un tratado internacional (el Acuerdo Antidumping), y no el informe del Órgano de Apelación.

Aplicando la doctrina “Charming Betsy”, el panel concluyó que el Department of Commerce estaba obligado a abandonar la reducción a cero, por ser una interpretación de la ley interna estadounidense inconsistente con las obligaciones de los Estados Unidos bajo el Acuerdo Antidumping. El CAFC había concluido que los acuerdos de la OMC son obligaciones internacionales y que la doctrina “Charming Betsy” se los aplica. Según el panel, su decisión no cambió el derecho estadounidense, sino que aplicó la ley antidumping de los Estados Unidos, interpretado según la doctrina “Charming Betsy”, a las acciones de la agencia.

Conclusión

Si se aplica el mismo razonamiento del panel del TLCAN en Madera Blanda de que la fuente de la obligación es el Acuerdo Antidumping, en lugar del informe del Órgano de

Apelación, los informes de la OMC tendrían el mismo efecto jurídico en el sistema mexicano que las disposiciones del tratado internacional que aclaran. Dado que el Acuerdo Antidumping (y los demás acuerdos de la OMC) forman parte del derecho nacional mexicano, y dado las tesis aisladas de la Suprema Corte de la Nación sobre la jerarquía de los tratados en el sistema jurídico mexicano, es razonable esperar que las cortes mexicanas, y la UPCI, apliquen la jurisprudencia de la OMC en sus interpretaciones de los acuerdos de la OMC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto definitivamente la cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales en derecho interno, ni la cuestión del efecto de las decisiones de los tribunales internacionales en el derecho interno. No obstante, sería una buena práctica evitar inconsistencia entre la interpretación y la aplicación del derecho interno, de un lado, y las obligaciones internacionales de México que se encuentran en los acuerdos abarcados de la OMC, de otro lado. Esto significa tener en cuenta las interpretaciones jurídicas de los grupos especiales y del Órgano de Apelación y seguirlas cuando sea posible.


[1] Véase Japón – Bebidas alcohólicas II, Informe del Órgano de Apelación, páginas 14-15. Véanse también Estados Unidos – Camarones, Informe del Órgano de Apelación, párrafos 118-119; Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 – Malasia), Informe del Órgano de Apelación, párrafos 107-109; y Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos (Argentina), Informe del Órgano de Apelación, párrafo 188.

[2] Canadá – Publicaciones, Informe del Órgano de Apelación, nota al pie 28.

[3] Japón – Bebidas alcohólicas II, Informe del Órgano de Apelación, páginas 14-15.

[4] Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 – Malasia), Informe del Órgano de Apelación, párrafos 107-109.

[5] Estados Unidos – Acero inoxidable (México), Informe del Grupo Especial, párrafos 7.104-7.106.

[6] Estados Unidos – Acero inoxidable (México), Informe del Órgano de Apelación, párrafos 158, 160-162.

[7] Amparo en Revisión 2069/91. Véanse también Gabriela Rodríguez Huerta, La Celebración de tratados en el orden constitucional, Senado de la República, 2008, 62-78 y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, “La Jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano” 27 de noviembre de 2008.

[8] Amparo en Revisión 1475/98.

[9] Amparo en Revisión 120/2002.

[10] Acción de Inconstitucionalidad 121/2008.

[11] In the Matter of Certain Softwood Products from Canada: Final Affirmative Antidumping Determination,

USA-CDA-2002 -1904-02, Decisión of the Panel Following Remand, 9 de junio de 2005.

[12] Véase Estados Unidos – Madera blanda V, Informe del Órgano de Apelación, párrafos 64 y 98. Véanse

también Estados Unidos – Reducción a cero (Japón), Informe del Órgano de Apelación, nota al pie 114, el

Informe del Grupo Especial, párrafo 7.85 y Estados Unidos – Camarones (Ecuador), Informe del Grupo

Especial, párrafo s 7.34 y 7.42.

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5 comentarios »

  1. casas

    El efecto jurídico de los informes de la OMC | Blog UPCIpedia

    Trackback por casas — 03/07/2015 @ 03:51

  2. La propuesta del Prof. Bradly no necesariamente enfrenta tantos obstáculos. A pesar de ser un sistema common-law, en EE.UU. existen más trabas que en México para tomar en cuenta los informes del OA y, no obstante, por algunos años los Informes del OA fueron relevantes.

    Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay constituyen obligaciones internacionales vinculantes, a pesar de que no son tratados auto-ejecutables (“properly construed as an international obligation of the United States…despite their non-self-executing nature”, Hyundai Elecs. Co. v. United States, (1999) Court of International Trade) y se les niega efecto directo ante las Cortes conforme a una disposición explícita (art. 102(a)(1) Implementation Act). Más aún, la relevancia de los Informes adoptados por OSD está limitada por la Sección 123(g), en caso de conflicto con una disposición nacional expresa y contraria.

    Pese a las limitaciones anteriores, las cortes estadounidenses fueron receptivas no simplemente a los Acuerdos OMC, sino a los informes del OA. En 2004, la Court of International Trade (CIT) sostuvo que las “decisiones” OMC no son vinculantes para la Corte, pero reconoció que pueden clarificar (“shed light”) si las prácticas del DOC son conformes a las obligaciones internacionales de EE.UU. El mismo año, la Court of Appeals of the Federal Circuit (CAFC) encontró en Allegheny Ludlum Corp que “the WTO´s appellate body report does not bind this court in construing domestic countervailing duty law. Nonetheless, this guideline supports the trial´s judgment”. Es dificil dejar de notar que el propio OA ha utilizado en repetidas ocasiones los términos “shed light” y “guideline” para consolidar la autoridad ante los grupos especiales.

    Aunque a partir de 2005, las cortes estadounidenses han buscado limitar de manera tajante la relevancia de los Informes del OA (Corus Staal BV vs. Department of Commerce), el hecho es que hubo un periodo de receptividad a pesar de tener más limitaciones estatutarias que los tribunales mexicanos. El periodo de receptividad no se debió a que EE.UU. sea un sistema common-law, sino a la sutileza de acomodar las obligaciones internacionales con la legislación nacional. Cuando las condiciones de Chevron están satisfechas y se procede a no dar deferencia a la Agencia, Charming Betsy alcanza su cúspide si, y sólo si, la obligación internacional es inequívoca y la nacional es ambigua. En segundo plano, es aplicable si la disposición nacional admite más de una interpretación y una de ellas es compatible con la obligación internacional.

    En ningún caso Charming Betsy ha requerido, ni pretendido, que la obligación internacional prevalezca frente a una disposición nacional explícita que sea contraria. Esta última postura, admito, no es precisamente el ideal kelseniano del derecho internacional, pero tampoco es un obstáculo para que los Informes del OA sean relevantes en muchas otras situaciones.

    Si bien no existe una doctrina como Chevron en México, existe un equivalente en derecho administrativo: el principio de legalidad del acto administrativo. Por lo que hace a Charming Betsy, el sistema mexicano está más equipado para ser receptivo, porque si bien la SCJN no ha definido jurisprudencia sobre la jerarquía de los tratados internacionales, lo cierto es que no existe una disposición expresa que limite la condición de los Acuerdos OMC como tratados internacionales de manera similar a la Implementation Act de EE.UU. Mucho menos, tenemos una disposición que limite la consideración de los Informes del OA de algún modo.

    Si la entiendo correctamente, creo que la Propuesta del Prof. Bradly es viable en los términos casos. No propone que los Informes del OA sean considerados Jurisprudencia en el sentido de la Ley de Amparo (“cinco resoluciones…”), porque obviamente el estándar de la Ley de Amparo sólo se refiere a las sentencias de TCC y SCJN. En cambio, propone que los razonamientos del OA sean tomados en cuenta en los términos de los Tratados, siendo éstos últimos la fuente de la obligación per se y nunca más allá.

    Supongamos que la Ley de Comercio Exterior es ambigua mientras que uno de los Acuerdos OMC es explícito en un aspecto, en este caso el acto administrativo se puede fundar en la LCE habiendo analizado la cuestión conforme a una interpretación del OA que la UPCI considera persuasiva. En un segundo escenario, la LCE contiene una disposición de carácter facultativa que permite dos caminos y conforme a los Acuerdos OMC –interpretados por la OMC- se prefiere una, si la UPCI opta por la opción permitida por la LCE y preferida por los Acuerdos OMC, estamos aplicando Charming Betsy sin violar ninguna disposición nacional. Existe un tercer escenario: un Acuerdo OMC requiere una actuación de la autoridad opuesta a la requerida por una disposición nacional. En este caso, probablemente es demasiado pedir que la UPCI de preeminencia a la obligación OMC, en tanto la SCJN no ha resuelto la jerarquía de los tratados en definitiva, sin embargo, la posibilidad existe y de cualquier modo los dos primeros escenarios subsisten.

    Comentario por Misael Romero — 03/10/2010 @ 21:43

  3. Bradly plantea un enfoque diferente e interesante, sin duda, pero no me parece que en pueda sostenerse en el contexto del derecho mexicano, porque los precedentes no tienen esa fuerza. Propone que, cuando un órgano jurisdiccional –los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la OMC– interpreta las disposiciones de un Acuerdo de la OMC, esa interpretación adquiere la fuerza del tratado y, si los tratados son Ley Suprema en México, entonces esos precedentes participan de la misma naturaleza jurídica.

    La función más evidente de los tribunales es interpretar la ley; sin embargo, en el sistema jurídico mexicano los precedentes no adquieren obligatoriedad sino hasta que se tienen cinco ejecutorias ininterrumpidas en el mismo sentido y, aun así, sólo cuando se trata de sentencias de tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia (también adquieren obligatoriedad las decisiones de la SCJN que resuelven una contradicción de tesis). La propuesta de Bradly contrasta marcadamente con el valor que tienen los precedentes judiciales en México y la forma como se integran al corpus iuris. Eso no quiere decir que los precedentes no tengan valor –lo tienen, desde luego–; sólo pretendo apuntar que no son vinculantes, mientras no integren jurisprudencia.

    La UPCI ha señalado que “La autoridad investigadora debe tomar en cuenta los criterios de los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación de la OMC, porque constituyen la opinión de los órganos jurisdiccionales a cargo de interpretar los Acuerdos de la OMC” (http://upciwikiproject.wikispot.org/CRITERIOS_DE_GRUPOS_ESPECIALES_Y_OA_DE_LA_OMC#preview). Que deba “tomarlos en cuenta”, sin embargo, no significa que sean vinculantes. En mi opinión, es parte de la motivación que debe sustentar todo acto de autoridad y, en el caso particular de la UPCI, sus decisiones en la materia.

    Comentario por hperezcano — 12/09/2010 @ 21:35

    • Estoy de acuerdo con Hugo. Por el momento, slo hay tesis aisladas sobre la cuestin de jerarqua de los tratados. Adems, la SCJN sigue debatiendo esta cuestin. Entonces, hay dos preguntas para el futuro: (1) Qu debe ser la jerarqua de los tratados? y (2) Si la respuesta a la primera pregunta es que deben estar encima de las leyes federales, qu sera el efecto de los informes de la OMC en el derecho nacional?

      Comentario por Bradly Condon — 13/09/2010 @ 08:06

      • La propuesta del Prof. Bradly no necesariamente enfrenta tantos obstáculos. A pesar de ser un sistema common-law, en existen más trabas en EE.UU. que en México para tomar en cuenta los informes del OA y no obstante, por algunos años los Informes del OA fueron relevantes ante las cortes estadounidenses.
        Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay constituyen obligaciones internacionales vinculantes, a pesar de que no son tratados auto-ejecutables (“properly construed as an international obligation of the United States…despite their non-self-executing nature”, Hyundai Elecs. Co. v. United States, (1999) Court of International Trade) y se les niega efecto directo ante las Cortes conforme a una disposición explícita (art. 102(a)(1) Implementation Act). Más aún, la relevancia de los Informes adoptados por OSD está limitada por la Sección 123(g), en caso de conflicto con una disposición nacional expresa y contraria.

        Pese a las limitaciones anteriores, las cortes estadounidenses fueron receptivas no simplemente a los Acuerdos OMC, sino a los informes del OA. En 2004, la Court of International Trade (CIT) sostuvo que las “decisiones” OMC no son vinculantes para la Corte, pero reconoció que pueden clarificar (“shed light”) si las prácticas del DOC son conformes a las obligaciones internacionales de EE.UU. El mismo año, la Court of Appeals of the Federal Circuit (CAFC) encontró en Allegheny Ludlum Corp que “the WTO´s appellate body report does not bind this court in construing domestic countervailing duty law. Nonetheless, this guideline supports the trial´s judgment”. Es dificil dejar de notar que el propio OA ha utilizado en repetidas ocasiones los términos “shed light” y “guideline” para consolidar la autoridad ante los grupos especiales.

        Aunque a partir de 2005, las cortes estadounidenses han buscado limitar de manera tajante la relevancia de los Informes del OA (Corus Staal BV vs. Department of Commerce), el hecho es que hubo un periodo de receptividad a pesar de tener más limitaciones estatutarias que los tribunales mexicanos. El periodo de receptividad no se debió a que EE.UU. sea un sistema common-law, sino a la sutileza de acomodar las obligaciones internacionales con la legislación nacional. Cuando las condiciones de Chevron están satisfechas y se procede a no dar deferencia a la Agencia, Charming Betsy alcanza su cúspide si, y sólo si, la obligación internacional es inequívoca y la nacional es ambigua. En segundo plano, es aplicable si la disposición nacional admite más de una interpretación y una de ellas es compatible con la obligación internacional.

        En ningún caso Charming Betsy ha requerido, ni pretendido, que la obligación internacional prevalezca frente a una disposición nacional explícita que sea contraria. Esta última postura, admito, no es precisamente el ideal kelseniano del derecho internacional, pero tampoco es un obstáculo para que los Informes del OA sean relevantes en muchas otras situaciones.

        Si bien no existe una doctrina como Chevron en México, existe un equivalente en derecho administrativo: el principio de legalidad del acto administrativo. Por lo que hace a Charming Betsy, el sistema mexicano está más equipado para ser receptivo, porque si bien la SCJN no ha definido jurisprudencia sobre la jerarquía de los tratados internacionales, lo cierto es que no existe una disposición expresa que limite la condición de los Acuerdos OMC como tratados internacionales de manera similar a la Implementation Act de EE.UU. Mucho menos, tenemos una disposición que limite la consideración de los Informes del OA de algún modo.

        Si la entiendo correctamente, creo que la Propuesta del Prof. Bradly es viable en los términos casos. No propone que los Informes del OA sean considerados Jurisprudencia en el sentido de la Ley de Amparo (“cinco resoluciones…”), porque obviamente el estándar de la Ley de Amparo sólo se refiere a las sentencias de TCC y SCJN. En cambio, propone que los razonamientos del OA sean tomados en cuenta en los términos de los Tratados, siendo éstos últimos la fuente de la obligación per se y nunca más allá.

        Supongamos que la Ley de Comercio Exterior es ambigua mientras que uno de los Acuerdos OMC es explícito en un aspecto, en este caso el acto administrativo se puede fundar en la LCE habiendo analizado la cuestión conforme a una interpretación del OA que la UPCI considera persuasiva. En un segundo escenario, la LCE contiene una disposición de carácter facultativa que permite dos caminos y conforme a los Acuerdos OMC –interpretados por la OMC- se prefiere una, si la UPCI opta por la opción permitida por la LCE y preferida por los Acuerdos OMC, estamos aplicando Charming Betsy sin violar ninguna disposición nacional. Existe un tercer escenario: un Acuerdo OMC requiere una actuación de la autoridad opuesta a la requerida por una disposición nacional. En este caso, probablemente es demasiado pedir que la UPCI de preeminencia a la obligación OMC, en tanto la SCJN no ha resuelto la jerarquía de los tratados en definitiva, sin embargo, la posibilidad existe y de cualquier modo los dos primeros escenarios subsisten.

        Comentario por Misael Romero — 03/10/2010 @ 21:44


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