Blog UPCIpedia

06/10/2010

AUTONOMÍA REMEDIOS COMERCIALES EN MÉXICO

Filed under: Uncategorized — maehyvo @ 17:22

Yvonne Stinson

Actualmente, los usuarios del sistema de defensa contra prácticas desleales consideran que existe un elevado estándar para la imposición de una cuota compensatoria, lo que ocasiona en su visión poner en riesgo a la industria nacional que busca defender la permanencia de sus productos en el mercado en condiciones de competencia leal, que le “equilibre el terreno de juego”. Como consecuencia de este elevado estándar – el cual, pareciera implicar que anteriormente se protegía a la industria nacional con la presentación de casos “superfluos”-, son pocos los casos aceptados  y las resoluciones definitivas tardan cerca de 18 meses.

Ante este panorama de incertidumbre, el sector privado mexicano ha pugnado por varios años por un órgano autónomo que defienda y equilibre el “terreno de juego” sin estar sujeto a los vaivenes políticos. Se puede voltear hacia los socios comerciales de México, los cuales, cuentan con una amplia experiencia en organismos autónomos para la defensa de su sector nacional en esta materia.

En México, a partir de la apertura comercial que se inicia en la década de los ochenta, motivada por factores internos y externos, y con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) se hizo necesario contar con elementos de apoyo para el sector productivo nacional que enfrentaba una competencia desleal, publicándose así, primero la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1] y después, el Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional[2]. A raíz de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1993, se publicó la Ley de Comercio Exterior[3] y su Reglamento[4], para más tarde, en 1995, como resultado de la Ronda Uruguay se incorporaran al sistema legal mexicano, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio  de la materia.

Para administrar el Sistema de defensa contra prácticas desleales, inicialmente se creó la Dirección de Cuotas Compensatorias en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaria de Economía, que en 1991 se transformó en la Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales, que  años más tarde se convertiría en la actual Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI).

Este sistema viene operando desde 1986 durante los cuales hay 265 inicios de investigaciones por dumping y subvenciones y 9 inicios por salvaguardas, los sectores que han participado en investigaciones contra prácticas desleales son: industrias metálicas básicas, el químico, textil, maquinaria y equipo, agropecuario, industria manufacturera, de madera y derivados, alimentos, bebidas y tabaco, minerales no metálicos, minería entre otros.

La UPCI es un órgano sui géneris dado que  institucionalmente se ubica dentro de la Administración Pública Federal, por lo que sigue la política pública del Plan Nacional de Desarrollo; jurídicamente, su actuación es competencia del Ejecutivo, pero materialmente lleva a cabo procedimientos en forma de juicio y sus resoluciones son prácticamente jurisdiccionales (dirimen controversias).

Las funciones principales de la UPCI son procedimientos formalmente administrativos, materialmente jurisdiccionales y todo proceso, para que no resulte en una impugnación exitosa, debe cumplir con las etapas procesales y responder a ciertos principios elementales.[5]

Por la naturaleza de las investigaciones antidumping de subvenciones compensatorias, se describen como procesos altamente especializados, interdisciplinarios y que requiere la presentación de volúmenes importantes de información estadística, documental de no fácil acceso.  Estos procedimientos involucran el debido cumplimiento de un marco nacional y de reglas internacionales. Aunado a esto, es importante resaltar que aquellas industrias y/o empresas interesadas en obtener la imposición de una  cuota compensatoria tienen que destinar recursos humanos y financieros significativos para estar en posibilidades de  “equilibrar el terreno de juego”  es decir la defensa contra prácticas desleales. Por lo que, los usuarios de este sistema – al igual que todo gobernado- buscan que le sea impartida justicia de forma eficaz, imparcial y transparente.

Sin embargo, dada la forma en que actualmente está estructurada la UPCI, sus decisiones pueden verse afectadas por las tendencias políticos que prevalezcan, dado que la imposición de la mencionada cuota es facultad exclusiva del Secretario de Economía; asimismo, el plazo del procedimiento para conseguir la anhelada cuota compensatoria es en ocasiones largo.

Por lo cual, se hace necesario separar las decisiones políticas mediante órganos colegiados independientes del Ejecutivo y para ello se sugiere crear un órgano autónomo como autoridad investigadora en materia de prácticas comerciales internacionales, y de salvaguarda, cuyo objeto sería llevar las investigaciones de “Remedios comerciales” e imponer las medidas comerciales necesarias para nivelar el terreno de juego y crear un ambiente de competencia leal.  En este marco, se ha buscado la autonomía de la Autoridad por varios años, el crear una Comisión Federal  como un órgano administrativo desconcentrado/descentralizado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones, y que cuente con un Consejo Consultivo que formule recomendaciones metodológicas y técnicas de carácter público y general, en relación con asuntos de Comercio Exterior.[6] Además un grupo de expertos  que realice estudios en materia de comercio exterior.

Es el momento de impulsar la autonomía de la Autoridad encargada de los remedios comerciales en nuestro país, tarea no fácil pero necesaria y que inevitablemente tendrá muchas voces en desacuerdo. Como profesionales de la materia y usuarios del sistema, es importante unificar nuestras voces a favor.


[1] Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986.

[2] Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1986.

[3] Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1993.

[4] Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1993.

[5] Derecho de audiencia; igualdad de las partes; plazos fatales; legalidad; transparencia; y neutralidad.

[6] Resultaría recomendable que con modificaciones sea parecido al actual Consejo Consultivo.

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